El próximo jueves, la Comisión Europea pedirá otro plan de estabilidad que asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas y aprobará la primera regla de austeridad desde la pandemia para los países con más deuda entre los que, por supuesto, somos campeones, porque el Gobierno ha gastado sin control y se ha endeudado a lo grande.
La UE exigirá a España una contención drástica del gasto en los próximos presupuestos generales que, según la AIReF, supone renunciar a 7.500 millones de subida del gasto corriente, un tercio de lo previsto para 2023.
¿Qué implica? Que más allá de revalorizar las pensiones, algo que costaría 13.500 millones, hay poco margen, y que el gasto corriente tiene que subir la mitad de lo previsto. De esta manera, el déficit público bajaría al 2,7% del PIB en 2023, adelantándose dos años el ajuste previsto.
Mientras, el Gobierno anuncia medidas para paliar la subida de precios como un cheque de 300 euros a familias vulnerables, una rebaja del 50% en el abono transporte o la reducción del IVA de la luz.
La situación es de alto riesgo. Estamos ante un peligroso escenario y cada español ya dispone de 3.000 euros menos al año por el alza de precios generalizada.
El crecimiento se frena y urge contener de inmediato el gasto y acelerar la ejecución de los fondos europeos.
No estamos para risas.