Acabamos de conocer el dato adelantado del IPC y la noticia es buena -dentro de la gravedad- porque el indicador se ha moderado en agosto, situándose cuatro décimas por debajo del pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.
Aún así, el dato es para salir corriendo. La inflación está en el 10,4% y lo más preocupante es que la subyacente sigue subiendo hasta colocarse en el 6,4%.
Esta es una situación muy grave porque significa que el problema es más profundo que un alza coyuntural de los precios de la energía.
A medida que aumenta la inflación y la amenaza de una recesión, crece la presión en las capitales de la UE para que el bloque reforme el mercado energético cortando el vínculo entre la electricidad y los precios del gas, que se disparan.
Así, el precio de referencia de la electricidad en Europa ha aumentado 10 veces su promedio de una década y el coste del gas se ha multiplicado por catorce.
Ante esta situación, Bruselas ha dado el primer paso y ha anunciado que prepara una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico de la UE para hacer frente a la imparable subida del precio de la luz.
Que ahora actúe Bruselas con precios de energía es un primer paso, pero la solución es más compleja y hasta que la inflación se modere a niveles por debajo del 2%, pasará tiempo.
Según las previsiones de Bloomberg, para finales de año, todas las grandes economías -salvo Reino Unido y levemente Japón- habrán rebajado su inflación. De ser correctos los cálculos de la agencia, EEUU habrá corregido algo más de un punto porcentual (del 8,4% de agosto a un 7,3% en diciembre) y la zona euro tan solo tres décimas (del 8,9% bajaría al 8,6%), pero los grandes organismos internacionales dan una evolución mucho más desfavorable para España que para la media de la zona euro.
Para finales de este año, se prevé que el IPC español sea el doble que la media europea.
Ante grandes males hacen falta grandes remedios, y lo que se ha hecho en España hasta ahora no es la solución. Tanto el aumento de la presión fiscal sobre las grandes empresas, como las bonificaciones directas e indiscriminadas, como es el caso de la subvención a los carburantes, se traducen en alzas de precios, ya que se trasladan a los márgenes, en el primer caso, y son absorbidas por los operadores, en el segundo.
Urge una política económica antiinflacionaria integral, que controle el gasto público, defienda la consolidación fiscal e impulse un pacto responsable de rentas para todos los agentes económicos.