Definitivamente, no. Como siempre digo, hay que poner a las empresas en el centro… pero no en el centro de la diana. Y esto es lo que parece que pretenden quienes lanzan la idea de cargar a las distribuidoras y cadenas de alimentación con un impuesto del 33% de los beneficios extraordinarios.
El IPC de la alimentación supera el 15%, pero las consecuencias de otro ‘impuestazo’, lejos de aliviar el bolsillo de los consumidores, añadirá nuevos costes a las empresas, que tendrán que tomar drásticas decisiones.
No podemos olvidar que, por ejemplo, Mercadona emplea a 93.000 personas cuyos salarios parten un 21% por encima del SMI y El Corte Inglés emplea a 79.800 personas.
¿Tendrán que despedir a parte de sus plantillas o dejar de contratar?
¿Frenarán nuevas inversiones y proyectos de expansión?
¿Congelarán su apuesta por la digitalización y la innovación en un momento tan necesario?
La solución no pasa por añadir cargas a los empresarios, autónomos, pymes o emprendedores sino por tomar medidas que lleguen directamente al bolsillo de las familias.
El Estado ha incrementado en 33.000 millones de euros sus ingresos impositivos a costa de la inflación y ahora toca bajar del IVA de los alimentos, sobre todo de los productos frescos básicos que tienen un IVA reducido y puede pasar a otro superreducido.