La Fundación Heritage ha hecho público el índice de libertad económica en el que España está en el puesto 29 de los 38 países desarrollados y a la cola de los países de la OCDE.
Las peores calificaciones entre todos los factores analizados las obtenemos en nuestra salud fiscal: está deteriorada por los elevados niveles de deuda, el déficit y el gasto público, cuyo peso asciende al 45,3% del PIB frente al 41,9% de la media de la OCDE.
Además, suspendemos en libertad de empresa, fundamentalmente por la fuerte fragmentación del mercado interior, donde existen tantas regulaciones distintas como autonomías, lo que crea una burocrática densa y compleja.
Es evidente que España sigue perdiendo posiciones en el ranking de apertura económica, y que cada día estamos más cerca del furgón de cola entre los países desarrollados.
El camino pasa por un sistema impositivo que ayude a las familias y a las empresas a poder ahorrar e invertir y crear empleo; por un control del gasto público que ha de basarse en la responsabilidad y no en las subvenciones infinitas; por un correcto uso de los fondos europeos como motor de nuestra economía y por un sistema que genere confianza y seguridad jurídica para los inversores.